En México —cualquier bebida alcohólica con una graduación entre 2% y 55%, como es el caso del vino— está sujeta a una de las regulaciones sanitarias más estrictas del continente. Y si bien esta normativa no es nueva, cada vez son más los productores artesanales y pequeñas marcas que enfrentan consecuencias severas por desconocerla.
Durante una reciente charla impartida por expertos en regulación sanitaria y asuntos públicos, se destacó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha intensificado su vigilancia sobre la publicidad de productos alcohólicos. Esto incluye desde espectaculares y publicaciones en redes sociales hasta cualquier tipo de contenido digital o impreso. El objetivo es prevenir riesgos a la salud pública derivados de una promoción irresponsable o no autorizada.
El caso que más llamó la atención fue el de una cervecera artesanal que recibió una multa de 2.5 millones de pesos por no contar con el permiso sanitario para publicitar su producto. “La empresa desapareció. No tuvo forma de enfrentar la sanción”, comentó uno de los ponentes, subrayando la necesidad de prevenir antes que lamentar.
COFEPRIS define la publicidad como toda acción destinada a promover el consumo de un producto. Bajo esa lógica, mostrar manos manipulando botellas, brindar, relacionar el vino con celebraciones, alimentos o relaciones personales, se interpreta como una inducción al consumo y puede ser sancionado. Incluso el uso de términos como “cerveza” para bebidas sin alcohol ha sido motivo de conflicto, como lo fue en su momento para marcas como Heineken o Tecate.
La vigilancia es constante y tecnológica. COFEPRIS cuenta con centros de monitoreo que escanean redes sociales y medios digitales diariamente. Además, cualquier ciudadano puede interponer una denuncia sanitaria desde su teléfono, aportando un simple enlace. Esto ha dado lugar a un fenómeno preocupante: la competencia desleal a través de denuncias estratégicas.
Los ponentes también señalaron que no existe diferencia en el proceso regulatorio entre una gran marca y un pequeño vinicultor. Todos deben presentar su publicidad ante la autoridad sanitaria, obtener el permiso correspondiente y respetar los lineamientos establecidos por el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad. De lo contrario, se enfrentan a sanciones que pueden alcanzar hasta los 16 mil salarios mínimos (alrededor de 4.5 millones de pesos).
“Esto no es optativo. Es una obligación. Y mientras más pequeño sea el productor, mayor es el riesgo de que una sanción lo saque del mercado”, advirtieron. Por ello, existen consultorías especializadas en apoyar a los empresarios en el proceso de validación de sus campañas, evitando errores que pueden costar caro.
Finalmente, se enfatizó que la regulación no busca frenar la creatividad, sino asegurar que el consumo de bebidas alcohólicas se promueva de forma responsable. “Nosotros no somos el enemigo; queremos que los proyectos de nuestros clientes prosperen, pero en el marco de la legalidad”, concluyeron los expertos.
El mensaje es claro: los productores de vino deben estar informados y preparados. Invertir en asesoría especializada puede marcar la diferencia entre el éxito sostenido y una sanción que eche por tierra años de esfuerzo.
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